Washington D.C. — En una ajustada y dramática sesión que se extendió durante toda la madrugada, la Cámara de Representantes aprobó por estrecho margen el proyecto de ley de política interna impulsado por el presidente Donald Trump. Con una votación de 215 a 214, la iniciativa fue respaldada por la mayoría republicana, a pesar de que dos miembros de su propio partido se unieron a los demócratas en contra de la medida.
El paquete legislativo contempla un aumento significativo en el gasto para reforzar la seguridad fronteriza y la aplicación de leyes migratorias, además de extender los recortes de impuestos aprobados en 2017, que expiran este año. También se establece un impuesto del 5% sobre remesas enviadas por personas no ciudadanas, una disposición que podría impactar a millones de inmigrantes, especialmente en América Latina.
Otros puntos clave incluyen la imposición de requisitos laborales a los beneficiarios de Medicaid, la creación de las llamadas “cuentas de ahorro Trump” con $1,000 por cada niño nacido entre 2025 y 2029, y un aumento en la deducción estándar para adultos mayores. El proyecto ahora pasa al Senado, donde enfrentará un debate intenso y posibles modificaciones, incluso por parte de senadores republicanos.
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, celebró la aprobación como un triunfo clave para consolidar la visión de política interna del expresidente Trump, destacando que el proyecto busca “restaurar el orden en la frontera, fortalecer la economía y recompensar el trabajo duro de los ciudadanos estadounidenses”. No obstante, grupos defensores de derechos civiles y organizaciones proinmigrantes han criticado severamente la legislación, calificándola de “punitiva” y “excluyente”, especialmente por las nuevas restricciones sobre el envío de remesas y el endurecimiento del acceso a servicios de salud para comunidades vulnerables.
En el Senado, el panorama se presenta incierto. Aunque los republicanos tienen peso, varios senadores han manifestado preocupaciones sobre el impacto fiscal del paquete y la constitucionalidad de algunas disposiciones migratorias. Los demócratas, por su parte, han prometido oponerse frontalmente a la legislación, lo que podría conducir a intensas negociaciones o incluso a la parálisis del proceso legislativo si no se alcanzan compromisos en los próximos días.
