San Juan de la Maguana. — La audiencia de conocimiento de medida de coerción contra Alcibíades Encarnación Lebrón, acusado de raptar y abusar sexualmente de una niña autista de seis años, fue aplazada nuevamente este lunes, generando indignación entre familiares de la víctima y la comunidad.
El aplazamiento se produjo debido a una recusación presentada por el abogado del imputado contra la jueza Viía Mercas Ruiz, titular de la Oficina de Atención Permanente del Juzgado de Instrucción de San Juan de la Maguana.
Según explicó el abogado defensor, la recusación se fundamenta en la negativa de la magistrada a aceptar como prueba un video en el que supuestamente se muestra que el imputado, Lebrón (nombre utilizado por el abogado al referirse a su defendido), salió de su residencia a las 9:00 de la mañana y regresó a las 2:50 de la tarde del día en que se cometió el hecho. La defensa alega que este material audiovisual constituye una prueba idónea que demostraría la inocencia del acusado.
“Conforme al artículo 286 del Código Procesal Penal, propusimos una diligencia de prueba que fue rechazada por la magistrada. Interpusimos un recurso de oposición, también rechazado. Por tal razón procedimos a su recusación, en busca de que otro juez imparcial conozca el caso”, explicó el abogado del imputado.
No obstante, el abogado de la familia de la niña autista calificó la recusación como infundada y una maniobra dilatoria. “Esto no es más que una estrategia para retrasar el proceso y prolongar innecesariamente el sufrimiento de la familia afectada”, expresó.
Hasta tanto la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan se pronuncia sobre la recusación, el imputado permanecerá bajo custodia en la preventiva de la Policía Nacional. Se espera que en los próximos días la corte emita una decisión sobre la recusación presentada.
Violencia infantil en RD
La violencia infantil en República Dominicana sigue siendo una problemática alarmante, manifestándose en diversas formas como el maltrato físico, emocional, negligencia y abuso sexual. Casos como el del niño Carlos Daniel, fallecido tras presentar signos de golpes, quemaduras y asfixia, evidencian la vulnerabilidad de la niñez en contextos familiares donde, en lugar de protección, encuentran agresión. A pesar de los esfuerzos institucionales, muchos menores continúan siendo víctimas en silencio, sin acceso a mecanismos eficaces de denuncia y protección.
En cuanto a la penalización, el Código Penal dominicano contempla sanciones por maltrato infantil bajo figuras como violencia intrafamiliar y homicidio voluntario o involuntario, dependiendo del caso. La Ley 136-03, que rige el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece la obligación del Estado de proteger a la niñez contra cualquier forma de abuso. Sin embargo, la aplicación de estas leyes suele verse obstaculizada por deficiencias en los procesos judiciales, la falta de seguimiento de los casos y una cultura de silencio que impide denunciar a los agresores.
