La decisión del Concejo de la ciudad de Doral, Florida, de sumarse al programa 287(g) para colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado controversia entre la comunidad venezolana, que representa una tercera parte de la población local.
El acuerdo permitirá que la policía de Doral reciba entrenamiento para ejecutar funciones limitadas como detener, interrogar y procesar a personas sospechosas de estar indocumentadas. Aunque las autoridades aseguran que el enfoque está en inmigrantes con historial criminal, muchos residentes lo interpretan como una medida hostil hacia una comunidad que, en su mayoría, ha contribuido positivamente al desarrollo de la ciudad.
“Es moralmente difícil para nosotros. Hemos sido los primeros en alzar la voz por quienes vienen a aportar a esta comunidad”, expresó el activista Macadoral Porras.
Rafael Piñeiro, único concejal de origen venezolano en el Concejo, intentó calmar los ánimos al afirmar que “la policía del Doral no ha sido, ni será, agente migratorio”. No obstante, la decisión ha generado un sentimiento de traición en parte del electorado que votó por las actuales autoridades.
La alcaldesa defendió la medida argumentando que responde a la ley estatal, mientras que otros funcionarios locales reconocieron haber recibido presiones del gobernador Ron DeSantis para firmar acuerdos como este, bajo amenaza de retirar fondos o remover oficiales electos.
Durante el espacio de comentarios públicos, la activista Adelis Ferro expresó su desacuerdo: “En una ciudad que existe gracias a los migrantes, esto no debería suceder. Otras ciudades han tenido el valor de decir que no”.
El debate sigue encendido en Doral, una ciudad con una mayoría hispana marcada por historias de migración, resiliencia y esperanza.
