Santo Domingo – La presión sobre el sistema de salud dominicano por la atención médica a ciudadanos haitianos sigue en aumento, generando un fuerte debate nacional. De acuerdo con datos actualizados por el presidente de la Comisión de Salud del Senado y exministro de Salud Pública, Daniel Rivera, el 17% del presupuesto del sector salud es consumido por ciudadanos haitianos, especialmente mujeres embarazadas.

Esta cifra representa entre 10,000 y 15,000 millones de pesos anuales, dependiendo del presupuesto vigente, una carga que ha provocado cuestionamientos sobre la sostenibilidad del sistema sanitario ante el incremento constante de partos de extranjeras en hospitales públicos.

Las estadísticas del Servicio Nacional de Salud (SNS) revelan que entre el 45% y el 55% de los partos en las principales maternidades del país como la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y el Hospital San Lorenzo de Los Mina corresponden a madres haitianas. Solo en Santiago, entre el lunes y la mañana del martes, se habían registrado 14 nacimientos de hijos de haitianas. El 2024 cerró con más de 33,000 nacimientos de niños haitianos en hospitales dominicanos, y hasta marzo de este año ya se habían producido 7,387 partos de extranjeras.

Ante esta situación, el gobierno ha comenzado a aplicar por segundo día consecutivo un protocolo que exige a los migrantes presentar documentos legales o permisos de trabajo, y asumir el costo de insumos médicos una vez atendidos. El protocolo se extiende más allá de los partos, abarcando tratamientos de enfermedades como cáncer, VIH, tuberculosis, accidentes y otras condiciones graves.

No obstante, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Dr. Waldo Ariel Suero, pidió al gobierno mantener un enfoque humanitario en los casos más delicados. “¿Usted cree que una mujer con una cesárea reciente puede montarse en una camiona con un recién nacido para ser devuelta a Haití?”, cuestionó el galeno, subrayando la necesidad de atención continua para pacientes dados de alta pero que requieren seguimiento médico.

El protocolo vigente establece que los servicios esenciales seguirán garantizados, y que tras el alta médica, los agentes migratorios intervendrán solo en coordinación con las autoridades hospitalarias en casos especiales.

El debate continúa mientras el país busca equilibrar la atención humanitaria con la protección de sus recursos sanitarios.