Washington, D.C.– Una jueza federal dictaminó este lunes que agentes de inmigración pueden ejecutar operativos en lugares de culto y centros educativos sin necesidad de restricciones adicionales ni órdenes judiciales, revocando así las protecciones que tradicionalmente ofrecían estas “zonas sensibles”.
El fallo, emitido por una corte federal en el contexto de una demanda interpuesta por una coalición de 28 congregaciones religiosas, autoriza a las agencias federales a ingresar a escuelas, iglesias y otros espacios similares para llevar a cabo arrestos, deportaciones y otras acciones relacionadas con la aplicación de la ley migratoria.
Según la jueza, los lugares de culto “no constituyen un objetivo específico ni representan una amenaza creíble que deba limitar la acción de las autoridades federales”, por lo que no hay base legal para mantenerlos como zonas protegidas.
La decisión judicial se produce en medio de una serie de medidas impulsadas por la administración del expresidente Donald Trump que eliminaron las denominadas “zonas sensibles”, donde anteriormente se restringía el accionar de las fuerzas del orden para no interferir con actividades religiosas, educativas o médicas.
La resolución generó una ola de críticas por parte de organizaciones religiosas y defensoras de los derechos de los migrantes. Diversos líderes espirituales se pronunciaron en rechazo a la medida, señalando que representa una violación a espacios considerados sagrados y seguros por muchas comunidades vulnerables.
“Espero que quienes están impulsando estas acciones recapaciten y comprendan el valor espiritual y humano de estos espacios”, expresó uno de los pastores pertenecientes a la coalición demandante, conformada por congregaciones evangélicas, judías y episcopales de todo el país.
Aunque la coalición religiosa fue derrotada en esta instancia judicial, sus representantes han anunciado que continuarán su lucha legal para restablecer las protecciones y evitar lo que consideran una criminalización del refugio humanitario.
