Santo Domingo. La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Antonio Beato Dionisio, un empleado de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, acusado de usurpar funciones y estafar a contratistas e instituciones con más de 40 millones de pesos.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción, alegando que Dionisio habría utilizado documentos falsos en nombre de la institución para engañar a al menos siete empresas proveedoras de alimentos.
“Entendíamos que le estábamos supliendo a la Dirección General de Prisiones, pero ahora nos vemos envueltos en un proceso de estafa. Solo a nuestra empresa nos han estafado con 11 millones de pesos”, declaró uno de los empresarios afectados.
Según las investigaciones preliminares, el acusado, quien se desempeñaba como encargado del departamento de suministros de alimentos, realizaba órdenes de compra fraudulentas y utilizaba camiones oficiales para retirar la mercancía. Las empresas afectadas suministraron productos como huevos, carne, bacalao y azúcar sin recibir pago alguno.
Los empresarios perjudicados denunciaron que solo uno de los implicados ha sido detenido, aunque existen más personas vinculadas al caso. La audiencia fue reprogramada para el próximo viernes, con el objetivo de que las partes involucradas tengan acceso al expediente.
