Susana Gautreau reaccionó al decreto 76-25, emitido por el presidente Luis Abinader, que crea la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, señalando que ya existe un marco legal que vela por la transparencia en la administración pública.
Durante su participación en un programa de opinión, Gautreau destacó que la lucha contra la corrupción debe centrarse en fortalecer las instituciones ya establecidas, en lugar de crear nuevas estructuras que podrían generar conflictos con las leyes vigentes. Recordó que la Cámara de Cuentas y la Contraloría General tienen atribuciones específicas en materia de auditoría y supervisión, y que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) también tiene un papel en la fiscalización de la administración pública.
La experta en derecho administrativo expresó su preocupación sobre la coordinación entre organismos con funciones diferentes, como la Dirección de Compras y Contrataciones y la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), al ser incluidos bajo la dirección de la DIGEIG en la nueva comisión.
Asimismo, cuestionó la efectividad de este tipo de medidas, recordando que el Gobierno ha realizado numerosos anuncios sobre planes y acuerdos que han quedado en el olvido. Puso como ejemplo la falta de avances en proyectos prometidos con Guyana y Argentina en materia de hidrocarburos y agricultura, lo que ha generado escepticismo sobre la concreción de nuevas iniciativas gubernamentales.
Gautreau concluyó señalando que lo importante no es crear más estructuras, sino garantizar que las ya existentes cumplan con sus funciones y presenten resultados concretos en la lucha contra la corrupción.
