La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de llevar a juicio de fondo al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha desatado un intenso debate en el país. El caso, que involucra una demanda presentada por una fundación anónima, acusa a Ulloa de violar la Ley de Símbolos Patrios al aparecer en un programa de televisión usando una camisa con la bandera dominicana bordada en un hombro, pero sin el escudo nacional.
Según la demanda, la fundación solicita una indemnización de 200 millones de pesos, por lo que consideran una infracción al uso adecuado de los símbolos patrios. La controversia ha generado una amplia discusión, con críticos que señalan la falta de sustento jurídico en la acusación y cuestionan el uso de recursos del Ministerio Público en un caso que muchos consideran trivial.
El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, se sumó a las voces que defienden a Ulloa, asegurando que no existe ninguna violación a la Ley de Símbolos Patrios. Gómez, quien ha sido un firme defensor de la identidad nacional, señaló que la bandera sin el escudo es, en realidad, la versión mercante de la bandera nacional, utilizada en barcos y otros contextos legítimos.
El caso ha generado también preocupaciones sobre la imparcialidad del Ministerio Público y la actuación del juez que admitió el juicio. Algunos expertos en derecho critican el hecho de que se haya dado curso a una demanda por un asunto que consideran un “disparate”. Otros, como el periodista que abordó el tema en el programa “Hoy Mismo”, sugieren que este tipo de acciones podrían ser utilizadas para fines políticos o económicos por entidades desconocidas que se benefician de estos pleitos.
Por su parte, Ulloa, quien ha sido reconocido internacionalmente por su trabajo en defensa de los derechos humanos, se enfrenta ahora a un juicio que podría tener repercusiones en su imagen pública. Aunque muchos consideran que este tipo de casos no deberían ocupar la atención de los tribunales, otros advierten que podría ser parte de una estrategia para desacreditar a un funcionario público que ha mostrado firmeza en su trabajo.
El Ministerio Público y el Poder Judicial están siendo llamados a esclarecer las motivaciones detrás de este juicio y si realmente hay base legal para proceder. Mientras tanto, la comunidad legal y la sociedad en general siguen atentos a cómo se desarrollará este polémico caso.
