El Ministerio Público ha dado un golpe a una presunta red criminal dedicada al lavado de dinero procedente de estafas electrónicas, tras llevar a cabo 11 allanamientos en diversas provincias del país como parte de la “Operación Guepardo”. La operación tenía como objetivo desarticular una estructura que estaría involucrada en actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos.
El lavado de dinero es considerado una infracción grave, ya que suele estar vinculado a delitos previos, como las estafas electrónicas. Las penas por estos crímenes pueden variar entre tres a 20 años de prisión. En el marco de esta operación, las autoridades lograron la captura de Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes serían las cabecillas de la red delictiva.
La investigación reveló que los miembros del supuesto entramado operaban a través de una empresa inmobiliaria en las provincias de La Romana, La Altagracia, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. El presidente del Colegio de Abogados resaltó la necesidad de una mayor regulación en el sector inmobiliario, debido a la creciente ola de estafas que afectan a este sector, vital para la economía del país.
Según las autoridades, la estructura criminal habría logrado captar más de 18 millones de dólares a través de las supuestas estafas. Aunque las investigaciones siguen en curso, hasta el momento, las autoridades no han revelado en qué jurisdicción se llevará a cabo el proceso judicial. Con esta acción, el Ministerio Público reitera su compromiso de seguir combatiendo el crimen organizado y el lavado de activos, protegiendo así la economía y seguridad del país.
