La esperada modificación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas podría tener un avance significativo en las próximas semanas. Después de un año de discusión en el Congreso Nacional, los legisladores han expresado su compromiso de aprobar la ley antes de que finalice marzo, tras la reanudación de la legislatura el 27 de febrero. Esta ley, que ha sido aclamada por la sociedad, busca mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos del Estado.

El proyecto, que ya fue aprobado en el Senado, ha sido un tema de intenso debate, especialmente por los congresistas de diferentes partidos que han sugerido ajustes al documento. Entre las propuestas de modificación están la aplicación de sanciones más severas y algunos puntos que aún requieren revisión. “Creo que debe estar listo para que la opinión pública lo debata. Ojalá se celebren vistas públicas para asegurar que no se convierta en solo una ley más”, señaló un congresista, quien aboga por una discusión abierta y transparente sobre el tema.

Uno de los puntos más destacados de la nueva legislación es la propuesta de imponer de dos a tres años de prisión por presentar declaraciones juradas falsas al registrarse como proveedor del Estado o participar en procesos de contratación pública. El objetivo central de la ley es establecer un régimen más riguroso para las contrataciones públicas y derogar la Ley 34-60, vigente desde 2006.

Los legisladores han enfatizado que, además de la aprobación, es crucial que la ley no se quede solo en papel. La implementación efectiva y la aplicación por parte de las instituciones correspondientes son claves para evitar que el proyecto se convierta en “letras muertas”. “Queremos que no sea una ley más que se aprueba y queda guardada en los archivos”, indicó el diputado del PRM, Ramón Bueno.

La Ley de Compras y Contrataciones Públicas es vista como un paso importante hacia la reducción de la corrupción en la administración pública, y su pronta aprobación podría marcar un hito en la lucha por la transparencia en el manejo de los recursos del Estado.