Representantes de la sociedad civil y profesionales del derecho han expresado su desacuerdo con la advertencia emitida por la Junta Central Electoral (JCE), que amenaza con sanciones a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos por realizar promociones políticas fuera del tiempo establecido.
Diversos juristas han señalado que la postura de la JCE podría interpretarse como una limitación a la libertad de expresión y al derecho de participación política, argumentando que la normativa debe aplicarse con un enfoque que garantice el ejercicio democrático sin restricciones excesivas.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación por lo que consideran una medida arbitraria que podría afectar la pluralidad política. “Es fundamental que se respeten las normativas, pero sin coartar el derecho de los ciudadanos y partidos a expresarse y organizarse“, señalaron algunos activistas.
La JCE ha defendido su posición afirmando que su objetivo es garantizar la equidad en el proceso electoral y evitar campañas adelantadas que puedan generar ventajas indebidas a ciertos sectores. Sin embargo, el debate continúa y se espera que las autoridades electorales aclaren los alcances de estas advertencias en los próximos días.
