San Cristóbal, República Dominicana – La reciente revelación de la destrucción de al menos nueve de las más de 50 cuevas que conforman la reserva arqueológica Cuevas del Pomier ha reavivado la preocupación sobre la amenaza que enfrenta este invaluable sitio histórico. La principal causa se atribuye a la actividad minera en la zona, lo que ha generado un enfrentamiento entre quienes buscan preservar el patrimonio cultural y las empresas que defienden la viabilidad económica de la minería.
Las Cuevas del Pomier, también conocidas como Cuevas del Borbón, son consideradas la capital prehistórica de la República Dominicana debido a las más de 4,000 pictografías realizadas por las culturas indígenas que habitaron la región. Según Corán Comunitario, un experimentado guía local con más de 20 años de experiencia, el deterioro del arte rupestre ha sido progresivo, inicialmente causado por visitas incontroladas y extracciones no reguladas de materiales de las cavernas.
Durante un recorrido en la zona, se pudieron observar los efectos de la minería en la reserva. Perforaciones en la roca, la presencia de maquinaria pesada y la acumulación de polvo y escombros evidencian el impacto de la explotación de piedra caliza, utilizada en la fabricación de agregados para construcción y otros materiales. La empresa Do Calza, una de las principales en la zona, sostiene que sus operaciones se encuentran a unos dos kilómetros de las cuevas y dentro de los límites permitidos por la zona de amortiguamiento de 300 metros.
Sin embargo, los ambientalistas advierten que los daños a las cuevas y a los ecosistemas subteráneos pueden ser irreparables. Proponen el retiro total de la actividad minera en el área para garantizar la preservación del legado histórico. En contraposición, representantes del sector minero argumentan que el cese de operaciones afectaría directamente a más de 2,000 empleos, incluyendo trabajadores de la Asociación de Mineros y la Asociación de Transporte local.
Ante la creciente tensión, tanto ambientalistas como representantes del sector minero esperan medidas definitivas por parte del presidente Luis Abinader para resolver el conflicto. “Cuando se dañan los ríos subteráneos y el agua, no hay manera de reponerlos. Los empleos se pueden recuperar, pero el patrimonio histórico y ecológico no”, afirman los defensores de la reserva. Mientras tanto, el debate entre conservación y desarrollo económico sigue abierto en San Cristóbal.
