En un ambiente de indignación y frustración, varias de las víctimas del presunto fraude millonario cometido por la constructora Novasco Real Estate, gritaban “ladronas” este lunes en la apertura de la audiencia de medidas de coerción contra Marisol Nova y Rocío del Alba Rodríguez, las dos detenidas durante la operación Guepardo.

Las víctimas, que pagaron miles de dólares por proyectos de viviendas que nunca se materializaron, exigen la devolución de su dinero invertido y que se haga justicia. En la audiencia, los acusados se enfrentan a la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público, que considera a ambas como las líderes de una estructura criminal dedicada a la estafa electrónica y al lavado de activos, obteniendo beneficios superiores a los 18 millones de dólares.

En medio de la tensión, algunos de los afectados manifestaron su frustración, asegurando que confiaron en el proyecto por el atractivo de vivir cerca del sol y la playa, pero ahora se encuentran sin hogar y sin su inversión. “Que devuelvan el dinero, justicia para todos los que confiamos en ellos”, gritaban en el Palacio de Justicia de La Romana.

El caso, revelado por el informe con Alicia Ortega, señala que la organización criminal engañaba a los inversionistas haciéndoles creer que tenían los permisos necesarios para construir un lujoso complejo habitacional, aunque nunca obtuvieron las autorizaciones del Ministerio de la Vivienda ni de Medio Ambiente.

El tribunal, a los fines de que las partes involucradas preparen sus medios de defensa, decidió aplazar la audiencia hasta el próximo martes 18. Durante este tiempo, las autoridades buscan garantizar que no haya fuga de los implicados, mientras se resuelve el caso. En su solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para las acusadas y que el caso sea declarado complejo.

Este lunes, en el mismo programa, se presentó un informe sobre allanamientos e incautaciones a empresas inmobiliarias señaladas por estafa en dos proyectos en La Romana y Bávaro. El informe también abordó el tema de las tierras raras en el país, un hallazgo que podría tener implicaciones económicas y ambientales significativas.

Este caso sigue desarrollándose, y se espera que la justicia tome cartas en el asunto para responder por el dinero y los derechos de las víctimas.