El caso del agente de la Policía Nacional, Juan Luis Jiménez, quien es acusado de matar a su pareja y a la madre de esta en un hecho ocurrido el pasado sábado en La Vega, sigue siendo motivo de debate. Mientras el acusado continúa prófugo, el abogado y exagente de la institución, José Ángel Aurelio, ha cuestionado la falta de evaluaciones psicológicas previas al suceso, especialmente después de que se presentara una querella en 2018 por un hecho de violencia intrafamiliar que involucró a Jiménez.

Aurelio destacó que, a pesar de la gravedad de la acusación, no se llevaron a cabo evaluaciones psicológicas al oficial desde el primer momento en que se presentó la querella. “Es preocupante que no se haya evaluado a este agente, ya que en situaciones como estas, es crucial detectar posibles problemas emocionales o de comportamiento”, afirmó. Según el abogado, la familia de las víctimas asegura que Jiménez estaba nuevamente activo en la institución, lo que sugiere que no hubo medidas preventivas a pesar de su historial de violencia.

El abogado también cuestionó la decisión de la Policía Nacional de reincorporar a Jiménez sin proporcionar detalles sobre las evaluaciones psicológicas que, según él, deberían haberse realizado de forma obligatoria. De no haberse realizado estas pruebas, Aurelio considera que la Policía Nacional estaría incumpliendo con su deber de garantizar la seguridad tanto de los agentes como de la ciudadanía.

Además, Aurelio señaló otro aspecto crítico que debe ser investigado: el arma de fuego utilizada en el doble feminicidio. “Es fundamental esclarecer si la Policía Nacional le había asignado un arma de fuego o si el arma utilizada era de otra procedencia”, subrayó. Este aspecto es clave para determinar si hubo negligencia en el control de armas dentro de la institución.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la búsqueda de Juan Luis Jiménez, quien permanece prófugo, mientras se intensifican las investigaciones sobre el incidente que ha conmocionado a la comunidad de La Vega y al país en general. La opinión pública y los expertos continúan exigiendo una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad y las evaluaciones psicológicas dentro de la Policía Nacional.