El comercio de provisiones ha manifestado su preocupación ante la propuesta de modificación a la Ley de Residuos Sólidos, que establece un aumento en las sanciones y tarifas, con una escala que va desde los 10,000 pesos hasta montos de 5 y 10 millones de pesos.
Representantes del sector han calificado esta medida como abusiva, considerando que constituye una imposición desproporcionada. Además, señalaron que esta propuesta podría interpretarse como una pretensión de sorprender a los legisladores, al gobierno y a los ayuntamientos en su buena fe.
Según voceros del comercio de provisiones, la iniciativa de ley no solo perjudicará a los contribuyentes, sino que también parece estar diseñada para beneficiar a sectores particulares, como las empresas que administran los vertederos de residuos.
Asimismo, advirtieron que la aprobación de esta ley los obligaría a incrementar los precios de los productos que comercializan, lo que repercutiría directamente en el consumidor final.
El gremio ha solicitado un análisis más detallado de la propuesta, que contemple sus implicaciones económicas y sociales, así como un diálogo abierto con las autoridades para buscar alternativas que no afecten de manera desproporcionada al sector y a los ciudadanos.
