Miguelina Bellos Segura, la única civil imputada en el caso Pandora, ha decidido cooperar con la investigación del Ministerio Público sobre el robo y venta de más de 900,000 proyectiles sustraídos de los almacenes de la Policía Nacional. La mujer, que se encuentra detenida en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, ha acordado colaborar con las autoridades y proporcionar información clave sobre el caso.

Según fuentes cercanas al proceso, Bellos Segura, quien habría vendido decenas de cajas de municiones a nacionales haitianos, se comprometió con la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, a ofrecer todos los detalles que posee sobre la red de comercialización de armas y municiones. Entre las informaciones que ha prometido compartir se encuentra la ubicación exacta de 17 cajas de municiones robadas, que se encuentran en una dirección aún no revelada.

Colaboración con la justicia

Durante su intervención, Bellos Segura expresó: “Yo tengo la fe y la esperanza de que todo saldrá bien con la colaboración que estoy ofreciendo”, en un intento por obtener un trato favorable en el proceso judicial. La imputada se enfrenta a serias acusaciones en el contexto del caso Pandora, que involucra a varios individuos en la venta ilegal de municiones y armas.

El expediente presentado ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional también revela que el exesposo de Bellos Segura era un conocido comercializador de municiones en el mercado binacional de Pedernales, lo que sugiere que la actividad de venta de armas podría haber sido una operación familiar. Bellos Segura continuó este negocio ilícito después de la separación, en colaboración con otros imputados en el caso.

Comercialización de municiones

De acuerdo con las evidencias presentadas por el Ministerio Público, Bellos Segura habría llegado a vender decenas de cajas de municiones de distintos calibres a precios que variaban entre los 5,200 y 6,000 pesos. Las autoridades investigan también el vínculo entre la venta de las municiones y su destino final, principalmente hacia Haití, lo que ha generado preocupación por el uso indebido de estos proyectiles en actividades criminales.

La decisión de la imputada de colaborar con las autoridades podría ser crucial para esclarecer los detalles de la red de tráfico de municiones que operaba en la región y contribuir al esclarecimiento del caso Pandora, que involucra a varios miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.