El comunicador Felipe Romero Sánchez cuestionó en su intervención en El Gobierno de la Mañana de Z101 las implicaciones económicas y sociales de la migración haitiana descontrolada hacia República Dominicana. Según Romero, se ha intentado establecer una narrativa que atribuye el desarrollo de sectores como la construcción, la industria azucarera y la agricultura al trabajo de los migrantes haitianos. Sin embargo, el analista subrayó que este supuesto beneficio se produce a un alto costo para el país, pues las ganancias de estos sectores no se traducen en bienestar para la mayoría de la población ni en una mejora del tejido social dominicano.
Romero señaló que la falta de regulación en la contratación de trabajadores haitianos ha generado una carga significativa para el Estado dominicano, que debe asumir gastos en salud, educación y otros servicios sociales que deberían ser cubiertos por los empresarios. Enfatizó que, según cifras oficiales, el Estado gasta anualmente más de 430 millones de dólares solo en educación para hijos de inmigrantes en situación irregular, incluyendo transporte y alimentación escolar, mientras que los empresarios que se benefician de esta mano de obra evitan responsabilidades como el pago de seguridad social o seguros médicos.
Además, criticó que muchas empresas opten por contratar a migrantes en condiciones de precariedad laboral, viviendo en espacios insalubres y con salarios bajos, mientras se excluye a los trabajadores dominicanos debido al costo adicional de cumplir con normativas laborales. Romero calificó esto como un subsidio indirecto a sectores empresariales que se enriquecen sin contribuir proporcionalmente al sistema fiscal ni garantizar condiciones dignas para sus empleados.
En su análisis, también desestimó la idea de que los dominicanos rechacen trabajar en ciertos sectores, afirmando que el verdadero problema radica en las condiciones laborales que se ofrecen. Según el comunicador, es injusto exigirle a los dominicanos aceptar trabajos sin seguro médico, vivienda adecuada ni garantías mínimas, cuando los empresarios prefieren contratar trabajadores en condiciones de vulnerabilidad y explotación.
Finalmente, Romero hizo un llamado a las autoridades para regular esta situación, destacando la necesidad de que los empresarios asuman el “pasivo” que deja la inmigración desbordada en el país. Consideró imprescindible discutir este tema en términos de justicia social y respeto a las leyes laborales, instando a que se exijan contribuciones equitativas por parte de los sectores beneficiados y se reduzca la carga fiscal que recae sobre el resto de los ciudadanos.
