El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, anunció una inversión de 300 millones de pesos destinada a la instalación de un sistema de bloqueadores de señales en las cárceles del país. Esta medida busca combatir la creciente problemática de las llamadas telefónicas desde estas instituciones, que han estado vinculadas a diversas actividades delictivas.
Gómez Mazara destacó que el bloqueador, conocido como “jammer”, es una solución tecnológica que impedirá el flujo de llamadas desde las cárceles, donde se estima que un 36% de los robos en la República Dominicana tienen su origen en teléfonos celulares robados. Esta situación ha generado preocupación en la administración pública, ya que incluso altos mandos militares han sido víctimas de estafas y delitos orquestados desde los recintos penitenciarios.
El presidente de Indotel explicó que esta acción es parte de una estrategia coordinada con la Procuraduría General de la República para mejorar el control y la seguridad en las cárceles, haciendo especial énfasis en cuatro centros penitenciarios donde se ha identificado una mayor necesidad de intervención. Estos sitios, como La Victoria y La Romana, fueron seleccionados por su ubicación y características que facilitan el uso de tecnología de bloqueo.
Gómez Mazara aseguró que, aunque la medida pueda parecer restrictiva, no se están vulnerando los derechos fundamentales de los privados de libertad. Se ha establecido un sistema de telecomunicaciones formal dentro de las cárceles, por lo que esta iniciativa se enfoca en erradicar las comunicaciones ilegales, que son a menudo realizadas a través de teléfonos móviles de contrabando.
El nuevo sistema de bloqueadores se implementará en coordinación con la Procuraduría, que será responsable de la licitación y el monitoreo. Esto se realiza con el objetivo de garantizar que las intervenciones se lleven a cabo de manera transparente y eficaz.
Gómez también abordó las complicidades que han permitido que estas actividades delictivas prosperen. Afirmó que se está buscando la cooperación de todos los actores del sistema carcelario para asegurar que las iniciativas de seguridad sean efectivas y se logre un impacto positivo en la reducción de la criminalidad.
La implementación de estos sistemas es solo una parte de un enfoque más amplio que el gobierno dominicano espera seguir en la reforma del sistema penitenciario, buscando no solo la seguridad, sino también la rehabilitación y reinserción de los internos en la sociedad. La implementación está prevista para el primer trimestre de 2024, a medida que se avance en la infraestructura necesaria.
