La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte ha logrado una condena de ocho años de prisión contra Oneil Ramírez Guillen, tras demostrar su participación en una red de clonación de tarjetas pertenecientes a la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS). El caso, que se remonta a un hecho ocurrido en 2023, fue juzgado por el Primer Tribunal Colegiado, integrado por las juezas Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada.
La condena se produce después de que Ramírez Guillen fuera sorprendido, junto a su cómplice José Daniel Mata, durante un operativo en el sector Villa Mella, en Santo Domingo Norte, el 23 de noviembre de 2023. Ambos fueron capturados en flagrante delito mientras se desplazaban en un vehículo. En el interior del mismo, los agentes hallaron una mochila que contenía un total de 1,285 tarjetas, de las cuales 254 estaban vinculadas a programas de ayuda social del gobierno, incluidas 144 del Bono Navideño y 110 del programa Supérate. Además, se encontraron 1,043 tarjetas en blanco, un verifón y diversas herramientas electrónicas utilizadas para la clonación.
José Daniel Mata, quien no se presentó a la audiencia, fue declarado en rebeldía judicial, lo que llevó a los jueces a emitir una orden de captura en su contra.
El fiscal investigador, Nehemías Zalasar, fue quien presentó el expediente que evidenció la asociación de Ramírez Guillen y Mata como parte de una red de criminalidad organizada. Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal Ignacio Rojas, aportó suficientes pruebas que fundamentaron la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, que tipifican la estafa y la asociación de malhechores, así como la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El tribunal también ordenó que Ramírez Guillen pague una indemnización de un millón de pesos a favor de la ADESS, considerada víctima en este proceso. La condena será cumplida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, reforzando así el compromiso del Estado dominicano en la lucha contra la criminalidad organizada y la protección de los programas de ayuda social.
