Los residentes del Residencial Estrada, ubicado frente a Playa Dorada en Puerto Plata, llevaron a cabo una marcha de protesta en respuesta a lo que califican como un intento injusto de despojarlos de sus propiedades. La controversia ha surgido en torno al proyecto Punta Bergantín, el cual ha desatado una “cacería de tierras” en los alrededores, según los manifestantes.
Uno de los residentes afectados, William, propietario en el Residencial Estrella de Muñoz, parcela 121, denunció que él y otros vecinos compraron sus terrenos de buena fe al propietario original, Peña Estrada, a través de un acuerdo de pago en plazos. Sin embargo, un abogado llamado Miguel Martínez ha reclamado la adjudicación de 118 mil metros cuadrados de estas tierras, basándose en una deuda de 200 mil pesos que Peña Estrada tenía pendiente.
“Esto es una forma bochornosa de hacerse de lo que no es suyo. Es la manera más baja de intentar despojar a todo un barrio de sus viviendas”, expresó William. Además, hizo un llamado a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, para que investigue este caso, ya que asegura que compraron los terrenos con todas las formalidades legales, respaldados por una abogada notaria y el propietario original de la parcela 121, quien lamentablemente falleció. William también señaló que después de la muerte del verdadero propietario, apareció Miguel Martínez con un supuesto título que le otorga la propiedad.
Otra residente, Elizabeth Alcántara Tavárez, quien lleva más de 18 años viviendo en la zona, también manifestó su indignación. “Nosotros no llegamos aquí a invadir propiedad privada. Compramos todo bajo la ley”, declaró, refiriéndose al reclamo de Martínez de que los terrenos son de su propiedad y su intento de vendérselos nuevamente a los residentes.
Los manifestantes también exigen una investigación sobre el proceder del alguacil Kedin Sosa, quien supuestamente declaró que las parcelas estaban llenas de hierba y pastos, algo que los residentes califican como “totalmente falso”. Según los afectados, muchos de ellos aún no han recibido sus títulos de propiedad, a pesar de haber depositado los papeles correspondientes, mientras que el supuesto nuevo dueño obtuvo su título en cuestión de semanas.
Los manifestantes expresaron su temor de que Miguel Martínez intente desalojarlos de sus viviendas, las cuales aseguran que son legítimamente suyas y que cuentan con pruebas suficientes para demostrarlo.
