En medio de un preocupante aumento en los apagones en la República Dominicana, las recientes acciones del gobierno en relación con el sector eléctrico han desatado un intenso debate sobre la posible privatización del servicio. La reunión del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y la dirección que tomará el sistema energético del país.
Este encuentro, que tuvo lugar el pasado fin de semana, supuestamente tenía como objetivo analizar la situación actual del sector eléctrico. Sin embargo, la participación de destacados miembros del sector privado, incluyendo a Celso Juan Marranzini, presidente del CONEP y del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, ha suscitado dudas sobre las intenciones del gobierno. Marranzini también ocupa cargos clave en el gabinete eléctrico, lo que ha llevado a muchos a sospechar que las decisiones tomadas podrían favorecer los intereses privados sobre los públicos.
Dos nuevas plantas de gas natural que se construirán en Manzanillo han sido asignadas a empresas privadas sin una licitación pública internacional adecuada, y se prevé que generen 800 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional. La falta de competencia en el proceso, con solo dos propuestas presentadas y ambas adjudicadas, ha despertado críticas sobre la administración de este recurso vital.
Además, el contrato para la planta Energía 2000, atribuida supuestamente al empresario Arturo Santana, recibirá 11 millones de dólares mensuales durante 15 años por 400 MW, lo que supone un total de 980 millones de dólares. Por otro lado, Haina Investing Corporation generará otros 400 MW con una propuesta de pago mínimo de 14 millones de dólares mensuales, acumulando 2,520 millones de dólares a lo largo del mismo período.
Los cuestionamientos sobre la eficiencia y gestión de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) son constantes. A pesar de que, según estudios, solo se requerirían 1,800 empleados para operar eficientemente, la plantilla actual ha alcanzado los 8,350, lo que eleva sensiblemente el gasto operativo y no ha logrado solucionar el problema de los apagones que afecta a la población.
La crítica se ha intensificado, pues muchos ciudadanos ven en las medidas del gobierno y las reuniones con el sector privado una clara tendencia hacia la privatización del sector eléctrico. Con el aumento de la insatisfacción pública ante los constantes cortes de energía, la situación se complica aún más. La falta de acción efectiva y las crecientes tarifas han colocado a la gestión eléctrica bajo un microscopio, generando dudas sobre su futura viabilidad.
La privatización del servicio eléctrico, una cuestión de debate en los últimos años, se encuentra de nuevo en la agenda nacional, a medida que el gobierno parece favorecer a empresas privadas en lugar de buscar soluciones sostenibles que beneficien al pueblo dominicano. La comunidad permanece alerta ante un escenario que podría significar un control aún mayor del sector privado sobre un recurso tan crítico como la electricidad.
