La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió aplazar la medida de coerción para los imputados en la operación Búfalo NK, que se llevará a cabo el próximo viernes a las 9:00 de la mañana. Esta operación, que desmanteló una supuesta red internacional dedicada al narcotráfico, sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos, tuvo lugar en varias provincias, incluyendo Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná. Los acusados en este caso son Ynoa Santana, conocido como “El Cojo”, Rotestan Clase, Robert Acosta, Antobany Acosta, Juan Bolívar Hernández, Severiano Núñez, José Antonio Toribio, Juan Enrique Taveras, Kesia Inoa Román y Germania Román. Los detenidos deberán cumplir con la medida de coerción en la cárcel de Najayo.
Fueron capturados durante operativos que involucraron a más de 400 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como del Ministerio de Defensa y el Comando Sur de Estados Unidos, en los cuales se incautaron aproximadamente dos toneladas de cocaína procedentes de Colombia y Venezuela. Los operativos incluyeron 37 allanamientos simultáneos realizados por tierra, mar y aire, evidenciando la magnitud de la operación. Las autoridades han indicado que esta organización criminal mantenía vínculos con carteles de narcotráfico de Colombia y México, y estuvo bajo investigación durante varios meses, lo que permitió recopilar información suficiente para llevar a cabo la operación. El Ministerio Público ha señalado que Ynoa Santana tenía conexiones directas con el colombiano Juan Carlos López Macías, apodado “El Sobrino”, quien fue detenido en junio de 2022 durante la operación “Troya” en Colombia.
Esta operación fue el resultado de una coordinación entre varios países para desmantelar redes de narcotráfico en la región. Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a más miembros de esta organización y confirmar su participación en otros delitos relacionados con el tráfico de drogas. Las autoridades están comprometidas en desmantelar redes delictivas que afectan la seguridad y bienestar de la sociedad.
