La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió la solicitud del Ministerio Público y ratificó la prisión preventiva impuesta como medida de coerción contra Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López, imputados en el caso de la Operación Nido. La decisión fue tomada al considerar que la defensa no presentó nuevos argumentos que justificaran un cambio en la medida existente.
El principal imputado, Emmanuel Rivera Ledesma, es señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una red que estafó a decenas de personas con proyectos inmobiliarios fraudulentos.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 1 de agosto a las 2:00 de la tarde, mientras que la revisión de la medida será el 15 de octubre.
Sobre el caso
El pasado 3 de enero, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Nido, desmantelando una red que estafó más de 700 millones de pesos a personas que recibieron ofertas de viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios. Durante el operativo, se realizaron veinticinco allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
La investigación reveló que la red utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL para crear un esquema fraudulento de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofrecían viviendas en siete proyectos inmobiliarios.
Durante la investigación, se ocuparon evidencias que demuestran que Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para engañar a las víctimas, haciéndoles creer que tenía protección de personalidades influyentes. También se encontraron pruebas de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las estafas.
A raíz de la investigación, Emmanuel Rivera Ledesma intentó maniobras para que las víctimas no presentaran querellas en su contra o retiraran las ya presentadas. Además, buscó que firmaran nuevos contratos y realizaran otras acciones para obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia la necesidad de mantener la medida de coerción para evitar la destrucción de pruebas y proteger a las personas estafadas.
