El Instituto Duartiano solicitó formalmente a la Cámara de Diputados, a través de su Comisión Permanente de Justicia, la eliminación del numeral 11 del artículo 86 del proyecto del Código Penal, que clasifica la deportación o traslado forzoso de la población como un crimen de lesa humanidad.
El presidente del organismo patriótico, doctor Wilson Gómez Ramírez, manifestó su preocupación por este precepto legal en el acto de apertura del II Congreso de Centros y Filiales Duartianos, efectuado en el Hotel Sheraton. Según Gómez Ramírez, este artículo afectaría las operaciones de repatriación de personas extranjeras indocumentadas en el país, especialmente la haitiana, cuya presencia es masiva en la República Dominicana.
La imposición de una pena de 40 años de prisión para casos de deportación forzosa pretende disuadir a las autoridades dominicanas de tomar medidas para regular la situación migratoria en el país, lo que limitaría su capacidad de acción y responsabilidad de preservar la soberanía nacional.
Gómez Ramírez destacó la gravedad de la situación, ya que la República Dominicana ha sido objeto de una ocupación multitudinaria desafiante debido a la falta de controles fronterizos efectivos, la corrupción y la irresponsabilidad de algunas autoridades y ciudadanos, así como la intervención de organismos internacionales que violan el principio de no intervención y implementan programas nocivos al interés nacional a través de ONGs nacionales y extranjeras.
Además, el Instituto Duartiano denunció que entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR), Amnistía Internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Justicia, junto con agentes norteamericanos, presionan constantemente para impedir el legítimo derecho de la República Dominicana a repatriar a extranjeros ilegales en su territorio.
Finalmente, Gómez Ramírez instó a los congresistas a garantizar que el artículo 299 del proyecto de Código Penal proteja contra el ejercicio abusivo del derecho y prevea sanciones para aquellos que interpongan acciones temerarias en este sentido.
