Recientemente, se informó que el gobierno dominicano adquirió 7 aviones Pillán T-35 del gobierno español, con más de 30 años de uso. Esta compra ha generado preocupación debido a que adquisiciones de aviones en el pasado han estado marcadas por corrupción, como el caso de los aviones brasileños Tucano comprados durante el último gobierno de Leonel Fernández, denunciados en 2017 por sobornos a funcionarios del Estado Dominicano y aún en proceso legal.
La compra de estos aviones antiguos en julio ha suscitado dudas sobre si es una inversión adecuada o si el país se está convirtiendo en un depósito de chatarra. Las condiciones del contrato y su costo son desconocidos, lo que aumenta la incertidumbre sobre la transparencia y viabilidad de la transacción.
Las autoridades han defendido la compra argumentando que, al ser un contrato de Estado a Estado, no se ajusta a la Ley de Compras y Contrataciones. Esta justificación fue publicada en una investigación del programa N Investiga, dejando abierta la discusión sobre la legalidad y conveniencia de la adquisición.
