En una reciente intervención, el comunicador Julio Martínez Pozo expuso serias irregularidades en el caso conocido como “Mimilo”, que involucra múltiples líneas de investigación sobre expropiaciones de terrenos. Según Martínez Pozo, este caso destaca por ser el único en el cual el Estado dominicano pagó por terrenos que, en última instancia, no están en su poder.
Martínez Pozo detalló que el “caso Mimilo” abarca varias investigaciones, incluyendo temas relacionados con expropiaciones y casos de juego de azar. Sin embargo, enfatizó que lo más grave es el caso específico de expropiaciones, en el que se descubrió un patrón alarmante de pagos a personas no legítimamente propietarias.
El comunicador explicó que, a pesar de que el Estado debe resarcir los daños a la propiedad privada según la ley aquilia, en este caso, el Estado pagó por terrenos cuyo valor no fue correctamente establecido por Catastro Nacional. Destacó que la situación se agravó por pagos realizados a herederos cuestionados, algunos de los cuales estaban bajo investigación por falsedad y usurpación.
Asimismo, hizo hincapié en que el proceso de pago fue manejado de manera irregular, incluyendo la participación de un abogado, Virgilio Méndez Amaro, quien recibió un 30% sobre los pagos, y una consultora jurídica de Bienes Nacionales que redactó contratos de venta para terrenos sin un precio establecido y en litis.
La denuncia de Martínez Pozo subraya que, a pesar de que el Estado pagó más de 3,000 millones de pesos en este caso, no recibió los terrenos correspondientes y enfrenta un nivel de impunidad inaceptable. La consultora jurídica, que jugó un papel crucial en el manejo del caso, aparece únicamente como testigo en el expediente, a pesar de las graves irregularidades en su gestión.
