Rijo Presbot detalló que estos pagos fueron ejecutados bajo un procedimiento no instituido en la ley, a través del Banco de Reservas, beneficiando a unas 80 empresas tanto del Fondo de Pensiones (FONPER) como del Ministerio de Obras Públicas. El funcionario destacó que los pagos fueron registrados como deuda pública cuando, en realidad, se trataba de deudas administrativas.

“Se realizó una reunión en la cual todos estuvieron de acuerdo que era una operación que debía ser registrada, ya que no había documentación adecuada para respaldarla,” indicó Rijo Presbot. En sus declaraciones, evitó mencionar directamente a Alexis Medina, centrándose en el hecho de que los pagos se realizaron a más de 80 empresas, cuya propiedad y responsabilidad legal deben ser investigadas.

Irregularidades en el Proceso de Licitación

El Ministerio Público, que presentó a Rijo Presbot como testigo, informó que los pagos se llevaron a cabo durante el proceso de transición del gobierno entre julio y agosto de 2020. Además, Vicente, un testigo de FONPER, corroboró las irregularidades en los procedimientos de compra, mencionando que el comité de compras no se reunía como establece la norma, y las decisiones se tomaban mediante actas pre-elaboradas.

Otra testigo, María Ester Fernández, amiga de Carmen Magalis Medina, también testificó sobre las irregularidades en el comité de compras de FONPER. Fernández trató de justificar las acciones, pero bajo el interrogatorio del Ministerio Público, admitió que el comité no seguía los procedimientos regulares.

Investigación y Próximas Audiencias

El órgano investigador ha señalado que parte de los imputados actuaron supuestamente como testaferros de Alexis Medina y Carmen Magalis Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina. Según el calendario del tribunal, la audiencia de fondo continuará el próximo miércoles con la presentación de más testigos.

La revelación de estos pagos irregulares y las declaraciones de los testigos subrayan la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad y el impacto de estas acciones en la administración pública.