El comunicador Kalil Michel ha afirmado que los titulares recientes le dan la razón respecto a una campaña chantajista en contra del ministro Carlos Bonilla. Michel ha calificado un titular reciente como “malicioso, lleno de veneno y de mala intención”, al insinuar que María Teresa Terán de Bonetti, presidenta de SERVIAMED DOMINICANA S.R.L., recibió RD$2,590 millones de Bonilla tras admitir fraude contra el Estado en el caso Medusa.
Michel ha cuestionado la legitimidad del titular, señalando varias inconsistencias: “Lo primero que se debe analizar es si estaba impedida la razón social que representaba esta señora para participar. ¿Estaba impedida ella de participar en las licitaciones públicas? Pero si había un nivel de contradicción, no impugnar lo demás inferente, pero sobre todo, ¿es acaso que todavía existe el grado a grado, donde el ministro pueda asignar o premiar? Es una licitación pública donde hay un comité que evalúa con una serie de técnicos las diferentes ofertas de los oferentes”.
En este contexto, Michel argumenta que lo que se evidencia es una distorsión y una intención clara de dañar la reputación del ministro Bonilla: “Primero fueron los asesores, luego la ciudad hospitalaria, y ahora esto. No, hombre, no hay ninguna intención ni interés noticioso”.
Contexto de las Acusaciones
En un nuevo episodio de acciones cuestionables, se ha revelado que Carlos Bonilla otorgó contratos por más de RD$2,590 millones a María Isabel Terán Bonetti, presidenta de SERVIAMED DOMINICANA S.R.L. Terán Bonetti había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público en el caso Medusa, un escándalo de corrupción que involucra a exfuncionarios del pasado gobierno del PLD y empresarios.
María Teresa Terán de Bonetti, mencionada en el caso Medusa, acordó devolver al Estado RD$84,903,951.72. Esta cantidad corresponde a los sobornos que Terán de Bonetti admitió haber entregado a Enrique Bonetti, supuestamente destinados a Jean Alain Rodríguez, el principal acusado en este caso de corrupción.
El caso Medusa ha revelado una red de corrupción y sobornos supuestamente operada en la Procuraduría General de la República. La adjudicación de estos contratos a Terán de Bonetti nuevamente cuestiona la transparencia del Ministerio de la Vivienda (MIVEH), que, ignorando su implicación en el entramado, le otorga nuevas adjudicaciones.
