La periodista Altagracia Salazar comenta sobre el informe y destaca que, además de los casi 149 millones de pesos en el país, Trujillo tenía una cantidad aún mayor depositada en bancos suizos. Según el relato de Juan Bosch en su libro “Composición Social Dominicana”, el 8 de junio de 1954, mientras Trujillo estaba en Madrid, su esposa envió a Suiza más de cien millones de dólares, que finalmente llegaron a 150 millones.
A pesar de esta enorme riqueza, el Estado dominicano recuperó casi nada. Según Patricia Solano y Juan Miguel Pérez, en la exposición “1961: Año de la Libertad”, antes de permitir la salida del yate Angelita, se decomisaron unos cuatro millones y medio de pesos en dólares. Sin embargo, ni en los relatos de Bosch ni en la exposición de Solano y Pérez aparecen detalles sobre los fondos que se llevaron otros miembros de la familia Trujillo.
Desde 1961, esos 4,560,937 pesos han sido el único monto conocido de dinero robado al Estado que volvió a las arcas públicas. Durante los 12 años de Balaguer, surgió el mito de los 500 millonarios, aunque nunca se supo cuántos millones quedaron en manos de aquellos que hicieron grandes negocios turbios con el Estado.
Los primeros gobiernos del PRD enfrentaron escándalos de corrupción, pero los juicios carecieron de credibilidad y nunca se recuperó un centavo. Participación Ciudadana ha documentado todos los escándalos de corrupción desde el regreso de Balaguer hasta Punta Catalina, sin registrar esfuerzos significativos para recuperar fondos o bienes públicos.
Salazar critica duramente la falta de responsabilidad atribuida a los principales acusados de corrupción, afirmando que el Ministerio Público ha tomado las decisiones más fáciles, perpetuando la impunidad de un sector privilegiado. “Pretender que el Ministerio Público le atribuya a miembros del nivel medio de una estructura criminal toda la responsabilidad cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado ha disfrutado históricamente”, señala Salazar.
Para Salazar, defender el derecho de los acusados a defenderse es esencial en una democracia, pero negociar con los medianos y pequeños responsables para capturar a los grandes corruptos es “como jugar al país de los tontos”.
