El Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra 46 personas, incluyendo 34 individuos y 12 empresas, por formar una estructura delictiva que defraudó al Estado en más de 21 mil millones de pesos. Entre los nuevos acusados se encuentran el exsenador de la provincia de Azua, Rafael Calderón, y Daniel Alberto Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda.
La acusación, presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), detalla cómo la red criminal operaba a través de varias entidades gubernamentales, como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, el Banco de Reservas y la Dirección General de Presupuesto.
Según el documento, la red implementó un programa de contratistas lleno de falsedades y maniobras fraudulentas, desviando más de 20,000 millones de pesos a través del Banco de Reservas. La PEPCA asegura que esta organización criminal comenzó sus operaciones en 2012, con un crecimiento significativo a partir de 2016, coincidiendo con el nombramiento de Donald Guerrero como Ministro de Hacienda.
La acusación sostiene que los implicados utilizaron estrategias empresariales sofisticadas para desviar más de 41,185 millones de pesos del erario público. Los acusados crearon un programa de financiamiento de contratistas que violó leyes y reglamentaciones administrativas, sirviendo como una mega operación de lavado de activos. También se falsificaron documentos para realizar pagos irregulares y se obligó a empresarios a ceder parte de sus contratos bajo amenaza de perder su condición de suplidores del Estado.
El Ministerio Público describe cómo los acusados utilizaron empresas ficticias para lavar activos y obtuvieron préstamos y líneas de crédito sin garantías, por valores que excedieron los 45,000 millones de dólares. Además, falsearon declaraciones juradas de bienes para ocultar fondos ilícitos y aprovecharon su conocimiento de la administración pública para cometer estos delitos.
La PEPCA revela que la estructura criminal estaba compuesta por funcionarios de alto, medio y bajo nivel, así como por técnicos en distintas instituciones públicas. Actuaron con una organización y sofisticación comparables a la alta diplomacia, con representantes en cada institución clave para facilitar las operaciones criminales.
El documento señala que los implicados realizaban pagos millonarios sin cumplir con los procedimientos necesarios, y forzaban a los reclamantes a firmar sesiones de crédito basadas en deudas ficticias. Aproximadamente el 80% de los pagos fraudulentos beneficiaron a las mismas personas y empresas involucradas en la red de corrupción. Se utilizaban empresas de carpeta, disueltas inmediatamente después de recibir los fondos públicos.
Entre los nuevos acusados en la Operación Calamar figuran Omar Manuel Meki, Rosa Arias, Marino Enrique Cabrera, César Miguel Santana, Mabel Mejía Cintrón, Natal Hernández, Natividad Martínez, Kimberly Ayasa, Manuel Morillo Soto, Manuel Morilla Gil, Daniel Guerrero y Rafael Calderón. Según la PEPCA, Calderón recibió 51 millones de pesos en efectivo de parte de Ovalle Sánchez, y Guerrero Mena participó en operaciones fraudulentas a través de la empresa Intercaribe Mercantil SAS.
La Operación Calamar continúa revelando la magnitud del entramado criminal que ha afectado profundamente las finanzas y la administración pública de la República Dominicana.
