El comunicador José Laluz ha destacado una brecha crítica en la legislación electoral de la República Dominicana: la falta de regulación del financiamiento privado electoral. En un reciente comentario, Laluz se refirió al caso de la exdiputada de La Vega, Rosa Amalia Pilarte, quien fue condenada a cinco años de prisión por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Laluz explicó que la ley de lavado de activos, bajo la cual Pilarte fue sentenciada, también menciona el financiamiento del terrorismo, aunque esto último actúa como un complemento dentro de la misma. “La condena de Pilarte es por lavado de activos, pero la ley le añade la coletilla de financiamiento del terrorismo”, señaló.
El caso de Pilarte ha suscitado preguntas sobre la eficacia de los controles legales existentes. Según Laluz, la diputada movió 4000 millones de pesos sin que las autoridades lo detectaran a tiempo. “¿Dónde estaban los organismos de control? ¿Cómo es posible que una persona mueva esa cantidad de dinero y compre tantos activos inmobiliarios sin generar alarmas?”, cuestionó Laluz.
El comunicador también mencionó la necesidad de revisar la ley de lavado de activos aprobada en 2017, que, a pesar de su rigidez, no previno el movimiento ilícito de fondos a gran escala. Asimismo, criticó la inconsistencia en la aplicación de las normas financieras, señalando que mientras grandes transacciones pasaban desapercibidas, movimientos menores de dinero son estrictamente vigilados.
Además, resaltó la urgencia de regular el financiamiento privado electoral para evitar que individuos con perfiles cuestionables lleguen al Congreso. “El financiamiento privado electoral no está regulado en la ley, y eso es sumamente peligroso. El PRM tiene que cerrar esa brecha en la ley de régimen electoral”, afirmó.
