En una reciente edición de “Somos Pueblo”, profesionales de las leyes abordaron nuevamente el tema de la Ley del DNI, junto al mayor general retirado Sandoval Cabrera y el abogado Miguel Valerio, quienes manifestaron su inquietud en contra de esta legislación promulgada por el Poder Ejecutivo.
El mayor retirado Cabrera, al expresar su preocupación, destacó que al enterarse de la promulgación de la ley, esperaba una declaración del ministro de defensa al respecto. Hizo hincapié en que dentro de la Fuerza Armada existen direcciones investigativas como G2, A2, J2, entre otras, y que con la nueva ley, estas direcciones desaparecerían, careciendo de razón de ser. Según el mayor retirado, esto plantea dudas sobre la decisión de vincular al DNI con las Fuerzas Armadas.
Cabrera calificó la ley como inconstitucional, argumentando que viola varios artículos de la Constitución y socava la autoridad de las Fuerzas Armadas. “Cada dependencia y organismo de la fuerza armada, marina, fuerza aérea y ejército cuenta con direcciones investigativas internas, que ahora carecerán de razón de ser con esta ley”, afirmó el mayor retirado.
Además, señaló que cualquier investigación que antes correspondía a la Fuerza Armada ahora deberá ser consultada con el DNI, generando una nueva dinámica que podría afectar la eficacia de las investigaciones y la seguridad nacional.
Ante el revuelo generado por esta ley, se advirtió, que podría provocar un caos total y representar un atentado grave contra la seguridad nacional. La discusión en “Somos Pueblo” resalta la preocupación de expertos en leyes y militares retirados sobre los posibles impactos negativos de esta legislación en el orden y la seguridad del país.
Ley del DNI
El Senado de la República aprobó en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo objetivo es la protección de los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra el Estado.
Entre las atribuciones que tendrá el DNI, está el investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que “atente” contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional y otros aspectos adversos al Estado.
La pieza legislativa establece como atribución de la entidad recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional y la protección de los intereses de la nación; así como evaluar amenazas, tanto internas como externas. La sociedad dominicana de Diarios ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que esta ley, en contra de lo estipulado por la ley 6132, obligue a los periodistas a revelar sus fuentes, poniendo en peligro el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
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