El presidente Luis Abinader ha tomado medidas contundentes ante la creciente tensión en la frontera con Haití. La aprobación por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la intervención internacional ha llevado al mandatario a aumentar la presencia militar y preparar al ejército para posibles escenarios adversos.
En una cuenta regresiva hacia la aprobación de la resolución de intervención, Abinader ha enviado un claro mensaje a las pandillas haitianas, instándolas a no ingresar a República Dominicana y entregarse. Esta advertencia no es solo retórica; el presidente ha incrementado el gasto en defensa y ha duplicado la presencia militar en la frontera.
La situación se vuelve más compleja con las amenazas de vetar la intervención por parte de China y Rusia, aliados de Haití. La crisis humanitaria en el país vecino se intensifica, y República Dominicana se prepara para enfrentar posibles consecuencias.
Abinader ha dejado claro que la frontera se mantendrá cerrada durante la intervención y ha reiterado que no habrá cambios en el estatus migratorio ni en la apertura de visados. Además, se ha enfocado en mantener firme la posición de cerrar la frontera mientras se ejecuta la operación militar.
El presidente reconoce la importancia de redoblar la presencia militar y equiparse adecuadamente ante la amenaza que representa Haití. La inversión en defensa, el aumento del gasto y la preparación del ejército son pasos esenciales para garantizar la seguridad nacional.
El analista Francisco Tavárez destaca la necesidad de una estrategia integral que incluya no solo medidas militares, sino también una reactivación del comercio en la frontera. A pesar de la complejidad de la situación, Abinader se enfrenta a la realidad de una posible llegada masiva de haitianos, y la frontera militarizada es una respuesta crucial.
El presidente ha adelantado que se han adquirido nuevos helicópteros y se espera la llegada de más aeronaves con capacidades mejoradas. Sin embargo, se destaca la limitación impuesta por acuerdos con Estados Unidos que prohíben la adquisición de aeronaves de guerra, lo que plantea desafíos en términos de capacidad de fuego aéreo.
