El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se encuentra en medio de un proceso de evaluación de dos acuerdos internacionales de gran relevancia para el país: el acuerdo de delimitación marítima con el Reino de los Países Bajos y el acuerdo de chequeo preaduanal con los Estados Unidos. Estos acuerdos han generado un debate intenso debido a su impacto en la soberanía y los recursos marítimos de la nación.
El acuerdo de delimitación marítima con los Países Bajos ha suscitado preocupación entre expertos y ciudadanos. Según expertos en asuntos internacionales y derecho constitucional, este contrato plantea serias dudas sobre su conformidad con la ley 66-07, que establece a la República Dominicana como un estado archipelágico. El principal cuestionamiento radica en que el acuerdo no reconoce la condición de estado archipelágico de la República Dominicana, lo que podría comprometer la delimitación y control de sus recursos marítimos.
El tribunal tiene la responsabilidad de decidir si envía estos acuerdos al Congreso Nacional para su aprobación o si solicita enmiendas a los mismos. En el caso del acuerdo de delimitación marítima, los expertos instan al tribunal a buscar asesoría de expertos en asuntos marítimos antes de tomar una decisión final. Argumentan que este acuerdo, tal como está redactado, podría dejar a la República Dominicana en una posición desventajosa en lo que respecta a sus recursos marítimos.
Es importante destacar que estos acuerdos internacionales no solo tienen un impacto en el ámbito marítimo sino también en la soberanía y el control de los recursos del país. Por lo tanto, su revisión y eventual aprobación deben realizarse con el más alto nivel de escrutinio y consideración de los intereses nacionales.
