El Tribunal Superior Electoral ha generado controversia al declarar inadmisible el recurso presentado por la diputada Rosa Amalia Pilarte en relación con su caso. La diputada había presentado un recurso de habeas corpus alegando la vulneración de sus derechos fundamentales debido a una investigación en su contra. Sin embargo, el Tribunal optó por lavarse las manos y rechazar el recurso, argumentando que existen otras vías judiciales para reclamar los derechos supuestamente vulnerados.
La decisión del Tribunal ha generado críticas y cuestionamientos por parte de Julio Martínez Pozo, quien ha señalado que esta postura no es responsable ni adecuada para preservar la institucionalidad. Martínez Pozo enfatizó la importancia de las instituciones para mantener la integridad del sistema democrático y la necesidad de abordar adecuadamente los asuntos jurisdiccionales, especialmente en casos que involucran alegaciones de violación de derechos fundamentales.
El argumento del Tribunal se basa en el artículo 70 numeral uno de la Ley Orgánica 137-11 del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, así como en el artículo 132 numeral uno del Reglamento de Procedimiento Contencioso Electoral. Estos artículos establecen que existen otras vías judiciales, como la impugnación contra actuaciones partidarias, para reclamar derechos vulnerados en casos electorales.
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