Operación Gavilán o el control del narco sobre los archivos nacionales | Sin Maquillaje

 

En el programa “Sin Maquillaje,” la periodista Altagracia Salazar expuso una preocupante situación de corrupción que afecta a la vida de la gente común.

Señaló que es alarmante que una persona aún en prisión, con una condena de 30 años por homicidio, pueda obtener un certificado de no antecedentes penales. Esto evidencia una forma de corrupción que tiene un impacto significativo en la sociedad.

En relación con la operación Halcón lV, iniciada tras amenazas a la procuradora general de la República y vinculada a un microtráfico desmantelado, Salazar expresó sus dudas sobre si los líderes del tráfico crearon la red en cuestión.

Sin embargo, señaló que Ambiorix Pimentel no creó la red, sino que la identificó y la utilizó para sus propios fines. Es preocupante que aquellos que desean emigrar legalmente y tienen asuntos pendientes con la justicia recurran a estas redes, que cobran grandes sumas de dinero por resolver sus problemas legales.

La periodista destacó que nuestra larga tradición de impunidad tiende a trivializar el delito, sin considerar los efectos a largo plazo. Esta falta de consecuencias adecuadas para los delincuentes perpetúa la corrupción y socava la confianza en el sistema de justicia.

 

Operación Gavilán

 

En una operación denominada “Operación Gavilán” llevada a cabo por el Ministerio Público durante la madrugada de ayer, se descubrió una red criminal compuesta por fiscales, empleados administrativos y policías. Según datos, al igual que otras, durante años esta red ha estado involucrada en la eliminación de miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.

En total, 12 personas fueron arrestadas en los allanamientos, entre ellos un miembro de la Policía Nacional, empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República, así como un expolicía.

Los allanamientos se realizaron en diferentes áreas, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís. La red se dedicaba a borrar antecedentes penales relacionados con delitos graves, como narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales.

El equipo de investigación está analizando el caso y varios fiscales están bajo investigación. En los próximos días, se espera que se soliciten medidas de coerción en su contra, sometiéndolos a un proceso judicial especializado que se ajuste a las circunstancias de este escándalo.