La Superintendencia de Electricidad (SIE), explicó este martes que los cambios de precios previstos en los contratos de suministro de electricidad y energía de largo plazo previamente entre el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y varias empresas, se debe a un ajuste por la inflación a nivel mundial.

 

La entidad que regula el sistema eléctrico del país, agregó que dichos contratos fueron establecidos entre el CUED y los consorcios Manzanillo Energy S.A. y Manzanillo Gas and Power e iniciaron en enero del año 2021 y fueron adjudicados el 20 de mayo del 2022.

 

La SIE también aclaró que si bien en la licitación no se reflejó el “reequilibrio económico”, la propia Ley General de Electricidad 125-01 lo considera uno de los instrumentos “aplicación”.

“Éstas son las razones por las que el Consejo de la SIE aprobó la versión de los contratos presentados por el CUED con un incremento de 7.9% en los precios, aunque la inflación verificada en los documentos que sustentaron la misma era de un 15%. Una razón muy importante considerada, además, es el interés general que se resumen en la necesidad de que nuestro país disponga de un suministro de energía adecuado, eficiente y suficiente para atender a las necesidades actuales y al crecimiento de la demanda por la expansión de la economía y de los requerimientos de los ciudadanos”, explicó la entidad.

 

 

Superintendencia de Electricidad

 

La Superintendencia de Electricidad constituye el ente regulador del subsector eléctrico dominicano y tiene la obligación de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la normativa técnica aplicables al subsector, en relación con el desarrollo de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, y así mismo es responsable de establecer las tarifas y peajes sujetos a regulación de precios.

 

 

La Superintendencia de Electricidad fue creada mediante Ley General de Electricidad (LGE) No. 125-01 , promulgada en fecha 26 de julio de 2001, como institución descentralizada del estado dominicano con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y capacidad para adquirir bienes, ejercer derechos y contraer obligaciones, al amparo de las disposiciones del artículo 8 de la citada Ley.

 

 

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