En 2017, la plataforma Corotos firmó un acuerdo con la Policía Nacional para combatir los fraudes electrónicos. A pesar de esta alianza, las denuncias de estafas en la red continúan en aumento. En el último año, casi 8.500 personas denunciaron ser víctimas de delitos de alta tecnología, lo que equivale a aproximadamente 23 delitos al día. Internet ha sido considerado como la “ciudad sin ley” del siglo XXI, donde los ciberdelincuentes están constantemente buscando nuevas formas de atacar a los usuarios con delitos cada vez más sofisticados.
Un ejemplo de esta inventiva delictiva es el caso de Johanny Báez, quien fue estafada y ahora enfrenta una demanda de dos millones de pesos bajo la acusación de complicidad. Las ventas de vehículos usados en Corotos se han convertido en un terreno fértil para el delito. Aunque existen beneficios al estar conectados en un mundo digital, también existen riesgos, como ser víctima de estafas en línea. El fraude ha evolucionado con el surgimiento de internet, ampliando las oportunidades para los estafadores y aumentando la cantidad de posibles objetivos.
La historia de Johanny Báez ilustra cómo se involucró en la compra de un vehículo a través de Corotos a un precio considerablemente más bajo que el del mercado. Sin embargo, resultó estafado y se enfrenta a una demanda. El vendedor utilizó tácticas engañosas y contó con la complicidad de un tercero para recibir el pago en efectivo. Después de darse cuenta de la estafa, Báez presentó una denuncia, pero ha experimentado dificultades en el proceso legal.
Báez sospecha que hay una red de estafadores más amplia detrás de estos delitos y que pueden tener vínculos con instituciones gubernamentales, ya que lograron obtener documentación falsa o ilegal. La falta de acción por parte de las autoridades y las tácticas dilatorias utilizadas han generado frustración en la víctima y han afectado su salud mental.
Esta situación evidencia un desequilibrio en el sistema de justicia, donde los inocentes se convierten en culpables y las redes de estafadores operan impunemente. Es necesario que las autoridades investiguen a fondo estas redes y tomen medidas para prevenir y perseguir los delitos en línea, protegiendo así a los ciudadanos de futuras estafas.
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