El Estado Dominicano ha hecho uso del fideicomiso público desde el año 2013 con la constitución del Fideicomiso RD Vial, que tiene como propósito la expansión y mantenimiento de la red vial principal de la República Dominicana. Sin embargo, con la reciente aprobación del Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina por la Cámara de Diputados, y con el rápido ritmo de incorporación de nuevos fideicomisos públicos en los últimos dos años, la opinión pública ha planteado distintos cuestionamientos sobre la validez y el sustento legal de este tipo de fideicomiso, y sobre la legitimidad del fideicomiso de Punta Catalina.
Sólo a modo de contexto, al mes de agosto de 2021, dos meses antes de la incorporación del fideicomiso de Punta Catalina, ya existían 17 fideicomisos públicos que en conjunto administraban más de 38 Mil Millones de Pesos Dominicanos. Eso representa un 24% de la totalidad de activos administrados en fideicomisos a nivel nacional a dicha fecha, y es sin duda un número que va en ascenso. Por tanto, el fideicomiso público no es de reciente creación.
Es una herramienta que tiene casi una década de uso en nuestro país, con resultados palpables y efectivos, a través de la cual se administran miles de millones de pesos y que ha servido de vehículo para la realización exitosa de distintas iniciativas del Estado Dominicano.
