El Ministerio Público solicitó la noche de este viernes la variación favorable de medida de coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria a una de los 12 implicados en la supuesta red de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Coral 5G.
Así lo afirma el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien se negó a ofrecer el nombre de la acusada a la que se le solicitó una medida menos gravosa.
“Hemos solicitado al tribunal imponer como medida de coerción a los imputados la prisión preventiva. Solo en un caso hemos pedido al tribunal, por la actitud que asumió una imputada que incluso admitió los hechos y esta es otra muestra de la contundencia de las imputaciones del Ministerio Público, que imponga arresto domiciliario”, explicó el procurador adjunto
