La sentencia que condenó a Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa en el caso de los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht ha sido considerada como la crónica de una muerte anunciada, debido a las debilidades e inconsistencias probatorias con la que fue instrumentado el expediente que hizo el ex procurador Jean Alain Rodríguez.
Esta es una premisa en la que coinciden juristas y grupos de la sociedad civil acerca del fallo emitido por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Además establecen que ese acontecimiento debe servir de lección al Ministerio Público para no volver a repetir la misma historia en lo adelante.
