La Constitución Política de República Dominicana, en su artículo 146, inciso 3 declara que es obligatoria, la Declaración Jurada de Bienes de los funcionarios públicos y que les corresponde a estos siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o cuando lo requiera autoridad competente.

El artículo número 15, indica que el funcionario público obligado que falseare los datos que la referida declaración deba contener, será sancionado con prisión de uno a dos años y multa de 20 a 40 salarios mínimos del gobierno central.