Ni en las redes sociales, ni en los medios de comunicación tradicionales han cesado los comentarios desde que la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas anunció la cancelación de los registros de proveedores del Estado a 113 alcaldes y regidores, así como a dos jueces.

Pese a estar prohibido en la Ley de Compras y Contrataciones, estos funcionarios continuaban de forma paralela sus funciones, al tiempo que estaban habilitados para ofrecerle servicios y productos al Gobierno.

El artículo 14 de la Ley 340-06 establece que no podrán negociar con el Estado funcionarios como el presidente y la vicepresidente de la República, ni los Secretarios y Subsecretarios de Estado.