La Ley 327-98 sobre Carrera Judicial también establece una serie de prohibiciones para los jueces. En el artículo 45 numeral 3 de la normativa se establece que un juez no puede participar en la gestión o administración de actividades comerciales o económicas, en sentido que de algún modo de lugar a una dualidad de atribuciones, derechos e intereses.

En cumplimiento al artículo 14 de la Ley 340-06 que prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio el registro de proveedor del Estado (RPE) a un grupo de 113 alcaldes y regidores y dos jueces.