La Procuraduría General de la República continuaría este lunes los interrogatorios en torno a exfuncionarios del pasado gobierno que presentan fortunas exorbitantes, y además a quienes en la Cámara de Cuentas figuran como omisos en sus declaraciones juradas de Patrimonio.
Los funcionarios públicos que resulten culpables de enriquecimiento ilícito serán sancionados con prisión de cuatro a 10 años y multa por el duplo del incremento de la fortuna.