La Procuraduría General de la República asumió la investigación de varios expedientes de corrupción que estaban a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional, como parte de una reingeniería enfocada en la transformación integral de las indagatorias y los procesos relativos a ese delito.

Los expedientes incluyen las denuncias presentadas contra Ricardo Andrés Castillo Terrero, hermano de Gonzalo Castillo, por la supuesta violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado, presentadas al Ministerio Público el 14 de julio y el 20 junio por el abogado Guido Gómez Mazara.