La Procuraduría General asumió la investigación de varios expedientes de corrupción que estaban a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional, como parte de una reingeniería enfocada en la transformación integral de las indagatorias y los procesos relativos a ese delito.

Los expedientes incluyen la denuncia de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

La procuradora general había pedido a la fiscal del Distrito, Rosalba Ramos Castillo, mediante oficio del 25 de agosto, una lista de los casos de corrupción que se encontraban en esa jurisdicción.