La decisión de que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) pasen a funcionar bajo la modalidad de alianza público-privada forma parte de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial aprobada en el 2017.

En su artículo 356, esta ley establece una reforma de la OMSA y Opret que maneja el Metro de Santo Domingo en la que explica que, a partir de seis meses de la entrada en vigencia de la ley (tiempo caducado), la OMSA y Opret “pasan a ser reformadas en empresas públicas o mixtas públicas-privadas prestadoras de servicios nacionales de transporte de autobuses y ferroviario, respectivamente”. Para ello, la ley establece que el Poder Ejecutivo debe emitir decretos para la transformación institucional, administrativa, técnica y operativa de ambas instituciones.