Los miembros de la Junta Electoral de Santiago se desligaron este viernes del robo de los 37 millones de pesos de la sede del organismo, ubicado en la avenida Las Carreras de esa provincia.

Haime Thomas Frías Carela, Nicolás Cantisano y Santiago Nolasco Núñez indicaron que desde el primer momento han manifestado plena disposición y colaboración para que el Ministerio Público y la Policía Nacional desarrollen con amplitud las indagatorias.

La Junta Central Electoral ya repuso los recursos sustraídos.

“En todo momento hemos colaborado, porque, aunque no es de nuestra incumbencia, queremos que esto se resuelva y que nada quede oculto”, expresó el presidente de la Junta Electoral de Santiago, Haime Thomás.

Los miembro del organismo expresan que no tienen responsabilidad en la administración de este organismo y que por consiguiente no están al tanto de las operaciones administrativas y que su jurisdicción está delimitada a la designación de los miembros de los colegios electorales y al conocimiento en primer grado de los recursos que, sobre los procesos, interpongan los partidos políticos.

Además, manifestaron su respaldo a la secretaria Clara Castellanos, administradora de la entidad, a quienes consideran una funcionaria honesta y dedicada a tiempo completo a su labor, la que, igual que todos los demás, ha sido investigada en torno al robo.

Pidieron al pleno de la Junta Central Electoral disponer de todo su empeño ante las autoridades nacionales, para que se esclarezca el robo de más de 37 millones de pesos, destinado al pago de los miembros de los colegios electorales.

Hasta el momento han realizado múltiples allanamientos y detenciones y rastreado todo el edificio con la unidad canina de la policía, en compañía de 10 fiscales del Ministerio Público, en busca del dinero robado la madrugada del martes.

Los desconocidos lograron penetrar a las oficinas de la Junta Electoral de Santiago aparentemente en complicidad con personal interno que presta servicio en el organismo, cargando con la suma de dinero indicada.

Hasta el momento, varios empleados de la Junta Electoral de Santiago han sido interrogados y sus viviendas allanadas, mientras que tres miembros del Ejército de la República Dominicana, que integran parte de la dotación militar a cargo de la seguridad, están detenidos y bajo investigación.