Las recientes declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, han generado preocupación en torno al avance del caso Odebrecht en República Dominicana. Según informó, la institución no logrará entregar a tiempo las auditorías solicitadas por la Procuraduría General de la República, cuyo plazo para presentar la acusación formal vence el 9 de junio. Aunque se completó el trabajo de campo, el proceso aún requiere revisión jurídica e investigación adicional, lo que impediría que estos informes formen parte del expediente.
La ausencia de estas auditorías podría tener un impacto significativo en el proceso judicial, especialmente en lo relacionado con las sobrevaluaciones de obras. Estas evaluaciones son clave para determinar posibles beneficiarios adicionales y establecer responsabilidades más amplias, incluyendo actores del ámbito legislativo que habrían aprobado adendas contractuales. Analistas advierten que sin estos elementos, el caso podría presentarse de manera incompleta, limitando el alcance de las investigaciones y la posibilidad de sanciones más contundentes.
El escenario ha reavivado críticas sobre la falta de coordinación y responsabilidad entre instituciones. Se señala que tanto la Procuraduría como la Cámara de Cuentas han mostrado debilidades en la gestión del proceso, lo que alimenta percepciones de impunidad. En paralelo, se ha cuestionado que medidas correctivas en materia de contrataciones públicas se implementen tras hechos graves, en lugar de prevenir irregularidades. Este contexto se suma a una creciente preocupación social por el aumento de la violencia cotidiana, reflejo de tensiones más amplias en la sociedad.
